En el reciente anteproyecto de ley, se ha definido el concepto de vehículo personal ligero, abarcando aquellos vehículos a motor que alcanzan velocidades entre 6 y 25 km/h si su peso es inferior a 25 kilos, o velocidades entre 6 y 14 km/h si su peso supera este límite.
Entre estos vehículos se encuentran los patinetes eléctricos, que ahora estarán sujetos a la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil. Esta medida implica que más de dos millones de estos vehículos deberán ser asegurados, generando un mercado de aproximadamente 200 millones de euros.
Además, el Gobierno tiene el mandato de establecer un registro público de vehículos personales ligeros antes del 2 de enero de 2026.
Mejoras en las Indemnizaciones
La nueva normativa también introduce mejoras significativas en el sistema de indemnizaciones para las víctimas de accidentes, con el objetivo de agilizar el proceso de valoración y reducir la necesidad de recurrir a la vía judicial. Entre las principales mejoras se incluyen:
– Acceso a Informes Médicos y Policiales: Se proporcionarán informes médicos y atestados policiales de manera gratuita, facilitando el acceso a la documentación necesaria para las reclamaciones.
– Procedimientos Extrajudiciales: La normativa fomenta el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos, permitiendo a las víctimas obtener compensaciones sin necesidad de largos procesos judiciales.
– Plazos Reducidos: Se han establecido plazos más cortos para la valoración médica y la emisión de informes, acelerando el proceso de indemnización.
Estas medidas no solo buscan mejorar la protección de los usuarios de patinetes eléctricos y otros vehículos personales ligeros, sino también optimizar el sistema de compensaciones, haciéndolo más eficiente y accesible.
Conclusión
La introducción del seguro obligatorio para patinetes eléctricos y las mejoras en el sistema de indemnizaciones representan un avance significativo en la regulación de los vehículos personales ligeros. Estas normativas no solo protegen a los usuarios y a terceros, sino que también crean un marco más eficiente y justo para la resolución de conflictos y la compensación de las víctimas. Con la implementación del registro público y las nuevas medidas, se espera una mayor seguridad y transparencia en el uso de estos vehículos en nuestras ciudades.
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